Aprueban ley que establece aumento de pensiones de S/ 3,300 para docentes jubilados y cesantes
Aprueban ley que establece aumento de pensiones igual a la primera escala para docentes jubilados y cesantes
El Congreso de la República del Perú aprobó por insistencia una ley que dispone el incremento de las pensiones para docentes jubilados y cesantes.
De acuerdo con lo señalado por Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, en declaraciones al diario Gestión, la aplicación de esta medida implicaría un gasto anual aproximado de S/ 5,600 millones para el Estado. Pese a no contar con una fuente de financiamiento asegurada, el Parlamento decidió ratificar la norma con 69 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones.
La ley establece que los docentes retirados de la Carrera Pública Magisterial reciban una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, fijada en S/ 3,300. Este beneficio alcanza a profesores de educación básica, alternativa, especial y técnico-productiva, comprendidos en los Decretos Leyes 19990 y 20530, así como a afiliados al Sistema Privado de Pensiones y a la Ley 29944.
El objetivo de la norma es garantizar que los maestros retirados cuenten con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y mantener condiciones de vida adecuadas.
Sin embargo, la propuesta fue previamente observada por el gobierno de Dina Boluarte, que advirtió que la medida rompe la coherencia del sistema pensionario. Asimismo, el Ejecutivo sostuvo que genera un incremento del gasto público y que su aprobación sin participación del Gobierno podría resultar inconstitucional, al contravenir el artículo 79 de la Constitución, que impide al Congreso aprobar iniciativas que demanden gasto sin el respaldo del Ejecutivo.
En esa línea, el Gobierno remarcó en su autógrafa de octubre que el Legislativo no tiene competencia para crear o ampliar el gasto público, ya que esta atribución corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo.
Finalmente, Segura indicó que, junto con otras normas recientemente aprobadas, se espera que el Ejecutivo evalúe su constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. También expresó su preocupación por el hecho de que, en la última legislatura, el Congreso estaría dejando de lado los límites establecidos en el artículo 79.
El titular del Consejo Fiscal advirtió además sobre el impacto acumulado de diversas medidas aprobadas, mencionando costos anuales estimados como S/ 3,000 millones por beneficios para trabajadores CAS, S/ 3,800 millones en el largo plazo por modificaciones a la Caja Militar y Policial, y S/ 5,600 millones por esta ley. A ello se suman otras iniciativas —como la relacionada al CAFAE— y algunas adicionales sin estimación oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, que el Consejo Fiscal calcula de manera preliminar en alrededor de S/ 2,000 millones. Ante este panorama, planteó que las propuestas observables sean revisadas y, en otros casos, elevadas al Tribunal Constitucional.
