Acta de Apertura del Libro de Incidencias – MINEDU
El Libro de Registro de Incidencias es un documento oficial y obligatorio en las instituciones educativas públicas y privadas del Perú, cuya finalidad es registrar de manera formal todas las situaciones que afecten la convivencia escolar, especialmente los casos de violencia entre estudiantes, entre estudiantes y personal, o entre miembros de la comunidad educativa. Su implementación se sustenta en la Ley N.° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, su reglamento y los lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación del Perú, los cuales establecen la obligación de documentar y atender oportunamente cualquier hecho que vulnere la integridad física, psicológica o sexual de los estudiantes.
La apertura del libro se realiza formalmente mediante un acta, en la que el director o directora deja constancia de la fecha, el número de folios habilitados y el compromiso institucional de registrar los hechos con veracidad, objetividad y confidencialidad. En este proceso suelen participar representantes de la comunidad educativa, como el equipo directivo, docentes, responsables de convivencia escolar y, en algunos casos, miembros del CONEI o APAFA. El objetivo es garantizar transparencia y responsabilidad en el manejo de situaciones sensibles.
En el libro se registran casos como violencia física, psicológica, verbal, sexual, ciberacoso, discriminación u otras conductas que afecten la sana convivencia. Cada anotación debe describir los hechos de manera clara y precisa, sin emitir juicios personales, señalando fecha, lugar, personas involucradas y acciones adoptadas. Una vez registrado el hecho, la institución debe activar los protocolos de atención correspondientes, informar a los padres o apoderados, realizar el reporte en la plataforma SíseVe cuando corresponda y, de ser necesario, comunicar el caso a instancias como la UGEL, la DEMUNA, la Policía Nacional o el Ministerio Público.
Este libro no solo cumple una función administrativa, sino también preventiva y protectora, ya que permite hacer seguimiento a los casos, garantizar el interés superior del estudiante y evidenciar que la institución actúa conforme a la normativa vigente. Además, constituye un respaldo legal frente a posibles supervisiones o procesos administrativos, demostrando que se han aplicado los procedimientos establecidos por la autoridad educativa.
